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domingo, 17 de enero de 2016

CATALUÑA Y (EL RESTO DE) ESPAÑA

El circo montado en el parlamento catalán en las últimas semanas –consumación del circo político de los últimos meses, reflejo a su vez de las fuerzas sociales exaltadas sin control en los últimos años– ha terminado en ópera bufa. Una formación política que afirma ser de extrema izquierda, anarquista y anticapitalista le da el poder a una coalición liderada por el partido neoliberal que ha llevado a cabo (culpando al Estado de todo, aunque ha ido mucho más lejos que éste en sus medidas) los recortes sociales más grandes de toda la actual democracia. Un partido, además, que ha protagonizado algunos de los escándalos de corrupción más graves que se recuerdan. Y la CUP lo hace, además –después de marear mucho la perdiz–, pactando la presidencia de un diputado al que los votantes no conocían, al que nadie ha votado para ser presidente (para ser más exactos, era el número tres por Gerona, de la que era alcalde). Pero es que, por si fuera poco, lo hace cediéndole, a cambio de la cabeza de Mas, dos de sus escaños a dicha coalición y comprometiéndose a que el resto nunca votará en su contra, aparte de cortar dos cabezas de entre sus propios diputados, que tendrán que ser sustituidos por su “excesiva beligerancia”. Nunca he visto humillación política como esta a la que se ha sometido voluntariamente la CUP. Nunca. Con semejantes “antisistemas”, el sistema está más a salvo que con la más feroz guardia pretoriana. Si yo fuera votante de la CUP estaría preguntándome a quién demonios le he dado mi voto. O no, cualquiera sabe; estos partiditos que tanto más se llenan la boca diciendo que son de izquierdas cuanto más defienden “su patria” con exclusión de los demás, lo primero que me provocan es una desconfianza absoluta, aparte de la antipatía natural que siento hacia todo nacionalismo.

Por supuesto, lo que representan el PP o su marca blanca Ciudadanos también es nacionalismo. Puro y duro, de derechas, del de toda la vida. El espíritu “Santiago y cierra, España”. Esa derecha que cuando se ha hecho con el poder lo ha ejercido de forma totalmente autoritaria –por no decir otra cosa–; que no ha dejado de causar problemas en la periferia del país por sus imposiciones y por su modo de entender la vida en común, como un “ordeno y mando”. Una política que se resume en “español será lo que yo diga, como y cuando yo lo diga; y si no te gusta te vas de mi país”. Éstos son los que han retroalimentado el separatismo en los últimos años, sólo porque les beneficiaba electoralmente. Como la derecha da por perdida Cataluña, se caga y se mea en ella, porque cada vez que lo hace gana votos en la Meseta y en las regiones culturalmente más atrasadas del país. A veces no puedo evitar pensar que si fuera catalán y la independencia pareciera alcanzable, también querría irme, porque vivir en un país gobernado –aunque sea cada varios años– por esa derecha es insoportable. Representa ese país donde la incultura está bien vista y hasta es recompensada (en otros países es sinónimo de fracaso), un país de toros y fútbol, de folclore chovinista oficializado, de defraudadores fiscales que presumen de ello en el bar entre aclamaciones, un país de capillitas que quieren que la Conferencia Episcopal legisle; un país con muchas más cosas en su historia reciente de las que avergonzarse que de las que sentirse orgulloso. Un país socialmente atrasado que vive de una épica imagen falsa de sí mismo y de su pasado, y en el que el “progreso” no es otra cosa que la privatización de lo público y el pelotazo económico. Y es un hecho que cuando ha gobernado el PP el independentismo se ha disparado, al contrario que cuando no lo ha hecho. Tumbar el Estatut en 2010 fue un error de proporciones históricas –entre otras cosas el Constitucional se mostró como un órgano políticamente tendencioso, lo cual lo deslegitimó en cuanto “árbitro” de estos conflictos– que está pasando factura (sobre todo porque compartía gran parte del articulado con el Estatuto valenciano o el andaluz, que no fueron impugnados), y el argumento de los nacionalistas catalanes de que ellos sólo ponen pasta pero políticamente son de segunda clase se ve así justificado.

Pero no es menos cierto que en Cataluña se da otro falseamiento histórico de dimensiones superlativas, porque aquí no se escapa nadie de ladrón y mentiroso, y los gobiernos catalanes saben mucho de eso. El “paraíso catalán” ha resultado ser uno de los mayores nidos de saqueadores de España, que ya es decir (hasta que se demuestre lo contrario siguen siendo españoles, y de hecho lo demuestran por su corrupción, sus no menos bárbaras fiestas taurinas, etc.). Su victimismo histórico es clamoroso, y seguir predicando aquello de que en 1714 fueron “invadidos por los españoles” es tan mendaz y mezquino como lo fueron los acontecimientos que llevaron a la caída de Barcelona. Que una entidad territorial e histórica –“nación”, si se quiere, a mí me da igual– haga exigencias políticas y sobre todo económicas basadas en acontecimientos de hace trescientos años no es tan distinto a la reivindicación de al-Ándalus que hacen ciertos grupos fundamentalistas islámicos (comparo la pretensión, no a Cataluña con éstos). ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que vivamos en el presente? Como dicen los alemanes, “la historia demuestra lo que a uno le interesa”, y ciertamente es el caso, pues se hace una revisión absurda de la historia de los Països Catalans (esa impostura con la que se pretende rebautizar la Corona de Aragón, única entidad histórica real) en la que se pretende amparar privilegios jurídicos y económicos. Lo que está claro es que los catalanes no pueden jugar la carta de ser un pueblo oprimido o una colonia, porque no son ninguna de las dos cosas. Por tanto, el derecho de autodeterminación (que se aplica por el derecho internacional únicamente a colonias) difícilmente puede ser invocado. De hecho, una gran parte de su riqueza se la debe Cataluña al resto del Estado, que durante décadas ha invertido allí de forma preferente, debido a la situación geográfica de Cataluña (puente a Francia, y contando con Barcelona, principal puerto español del Mediterráneo), en perjuicio del resto de territorios. Un argumento caro a la derecha de este país no deja de ser cierto: durante el Franquismo, el mayor peso de la inversión, con diferencia, se fue a Cataluña, creando allí unas infraestructuras que sólo treinta o cuarenta años después han llegado al resto del país –ese que algunos catalanes creen que vive lujosamente a costa de ellos; quizá deberían pasearse por Extremadura, Andalucía o La Mancha–. Así pues, en el caso de una eventual secesión catalana, ¿se van a quedar con todo el fruto de ese esfuerzo colectivo? Entiendo –aunque no deseo– que llegaran a separarse, pero entonces habría que ver qué se llevan consigo y qué sigue siendo del Estado; y no precisamente como lo plantean muchos independentistas cuando se preguntan a qué parte tocarán del patrimonio nacional, sino más bien a la inversa: ¿qué parte de la industria ubicada en Cataluña, cuyas condiciones de creación han sido sostenidas en gran medida por el conjunto del país (y que no habría prosperado sin los obreros que emigraron desde toda España, especialmente del sur), debe quedarse –fiscalmente– en el actual Estado?

Cataluña, con independencia de que tenga razón al denunciar ciertos agravios –como el del Estatut–, ha hecho del victimismo histórico una forma de entender la política. Su narración de la historia, en efecto, siempre la dibuja como la víctima de la Guerra de Sucesión, o de las Guerras Carlistas, o del Franquismo, cuando lo fue tanto como otras regiones, cuando no menos. En cuanto a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V y la disolución de las Cortes Catalanas en favor de un modelo centralista del Estado (acontecimiento que es entendido como el gran agravio nunca reparado), el primer paso ya se había dado en Castilla por parte de Carlos I, con la Guerra de las Comunidades de Castilla, dos siglos antes (ciertamente Castilla, que es hoy claramente la nación disuelta, fue la primera víctima de la creación de España). La historia de la actual democracia española ha sido en gran medida la historia del chantaje de Cataluña al Estado (“o me das más o me voy”, y “si a los demás les das esto, a mí me tienes que dar un plus”, como dejó claro Maragall; y por supuesto, cuando ya tengo lo necesario, “ahora ya puedo irme”). Ahí radica la cuestión esencial en relación al independentismo catalán, la que hace que personalmente lo repudie, pese a ese supuesto “derecho a la libertad de los pueblos” tan invocado por la desorientada izquierda española: la cuestión no es otra que una región rica que se quiere separar del resto más pobre. Es puro y simple egoísmo, camuflado tras toda clase de excusas, aunque algunos sectores independentistas –especialmente de la derecha– no tienen reparos en reconocerlo: “nuestro dinero para nosotros”. Recordemos que Mas da el volantazo independentista cuando el gobierno central le niega el concierto fiscal especial que él solicitaba (después de haber llevado su comunidad prácticamente a la quiebra). De la misma forma que el rico no quiere pagar impuestos para que el pobre tenga cobertura social, las regiones ricas (algunas, al menos) no quieren ser solidarias con las desfavorecidas –esas que les suministran materias primas y mano de obra–. Todo se resume en esto.

Aquí es donde retomo mi idea inicial, que gira particularmente en torno a la CUP. Modélica para unos por su funcionamiento interno, su compromiso y su coherencia, temible para otros por ser la izquierda radical y anticapitalista… Yo la veo como un grupo de charnegos avergonzados de serlo. Gente con dos apellidos castellanos, de los que de toda la vida han sido catalanes de segunda, porque los de dos apellidos catalanes han dominado siempre el establishment cultural y político y los han despreciado. Era imposible llegar alto en el statu quo de allí (al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Madrid) sin ser “catalán viejo”. Esto es un hecho. La CUP es de creación relativamente reciente; su área dominante, los cinturones obreros que rodean Barcelona, era el bastión del PSC. Pero éste casi se ha desintegrado, como probablemente le va a pasar al PSOE (cuando tus políticas económicas son de derechas, la gente termina votando a la derecha de verdad). Y a los charnegos se les ha concedido una oportunidad de ser “catalanes de verdad”: ser más independentistas que los nacionalistas catalanes de toda la vida. Sólo siendo más papistas que el Papa los aceptarán, incluso podrán alcanzar grados de estatus social que allí estaban vetados al típico Paco Rodríguez López. Y así han surgido estos grupos asamblearios (que, por cierto, han estado jugando con los votos de sus electores de una forma muy poco respetuosa, por no decir muy poco democrática) que se dicen de izquierda, pero anteponen el principio nacional a cualquier otra consideración ideológica. Eso no es ser de izquierdas: la izquierda nacionalista para la que lo primero es la patria y después viene la redistribución de la riqueza tiene otro nombre, conocido por todos. Cuando tienes más en común con un pijo de CDC que con un obrero de Soria o Almería, tienes que hacerte mirar esa supuesta ideología de izquierdas. Hay algo enfermizo en una formación anarquista que cede todo poder al liberalismo bajo la promesa de que éste le proporcione un Estado. Es demencial.

En cualquier caso, el problema es complejísimo. Lo cierto es que hoy en día España no es una nación, se mire como se mire. Una nación, como diría Ortega, es un proyecto común, y éste está totalmente resquebrajado, con independencia de quién tenga la culpa –seguramente todos, centrífugos desleales y centrípetos autoritarios–. Unos pretenden dinamitar lo que queda de esa muy dañada “comunidad de sentimientos”; otros quieren imponerla como se impone el código penal, y eso es imposible. Una nación es ante todo posibilidad de futuro, no evocación del pasado, y lo primero que habría que preguntarse es si España no es sólo una idea que parece estar más en el discurso de Nochebuena del rey que en la conciencia de la calle. Si España ha de tener un futuro, habrá que reconstruirla sobre una base nueva. Los que quieren hacer como que aquí no pasa nada, y a lo sumo parchear un poco una Constitución que está totalmente obsoleta, no van a arreglar el problema, que es ya crítico. Hay que reformular el concepto de España (que no es ninguna esencia eterna e imperturbable, sino, como toda realidad histórica, algo que nace, crece, y si no se cuida, muere), y eso pasa por reescribir la Constitución. Los que se niegan cerrilmente a ello, un día se levantarán y verán que Cataluña se ha ido. Sin más. Porque no es cuestión de legalidad, sino de fuerza. Y Cataluña la tiene: aporta el 19% del PIB. La invocación de la ley es inútil llegado cierto momento, porque para el Estado que sufre el desgajamiento la secesión siempre será ilegal, pero será perfectamente legal para el Estado emergente. De acuerdo al derecho, los EE. UU. seguirían formando parte del Imperio Británico. La historia se hace así, no por lo que digan las leyes; la “constitucionalidad” nunca ha sido un principio que haya regido su curso. Una ley no vale porque sea ley, sino porque hay un poder capaz de hacerla cumplir. ¿Lo tiene España? La política es un equilibrio de fuerzas que en condiciones de “normalidad” –un cierto equilibrio mantenido en el tiempo– produce normatividad jurídica y ética. Pero ante un desequilibrio prolongado, dicha normatividad se diluye; invocarla como algo sagrado, que se da “de suyo”, sólo es una señal de impotencia.

Así que, por mucho que el problema catalán se haya alimentado en gran medida con falsedades (como la de los 16000 millones de euros que cada año salen de allí y no retornan, cifra mágica absolutamente inventada), la situación es la que es, y no se va a arreglar mientras los catalanes no estén satisfechos con su estatus en España. El tribunal de la historia lo constituye el poder, no la verdad. Y, ¿cómo van a vivir a la fuerza en un Estado al que no quieren pertenecer, pudiendo no hacerlo? Un referéndum a tiempo, con una fuerte campaña en favor de que votaran seguir unidos (como se hizo en Escocia), probablemente hubiera tenido éxito, y el “plebiscito” del 27-S lo confirma; al fin y al cabo, perdió el independentismo, que ahora está gobernando en contra de la mayoría de su población. Esa consulta, hecha legalmente por el Estado, es lo único que muchos catalanes piden. No quieren tanto la separación como ser consultados al respecto. Sentirse interpelados. Que todos los catalanes quieren la independencia es la ficción autocrática a partir de la que una minoría está dirigiendo un proceso que no es más que una huida hacia delante –con la comodidad que da, también hay que decirlo, el que la mayoría unionista no abra la boca–. Pero el inmovilismo del Estado sólo juega en favor del independentismo, y el tiempo también: cada año morirán más catalanes que aún se sienten españoles (los viejos emigrantes) y seguirán saliendo de las escuelas más jóvenes catalanes que no se sienten españoles en absoluto. ¿Cómo vamos a pretender que sigan siéndolo? Hay que ofrecer un proyecto de España que sea sugerente y dé esperanzas de futuro. Eso es lo que ahora mismo tienen varios millones de catalanes (un proyecto sugerente de Estado catalán), aunque estén –como lo creo– engañados en cuanto a la viabilidad de su plan. Pero el caso es que tienen algo por lo que luchar. ¿Qué ofrece España, mientras tanto? ¿El relato de su grandioso pasado? Aquí nadie construye un relato, una narrativa que incardine identidades y voluntades; nadie pone sobre la mesa un proyecto convincente. Y desde luego, las dos lacras de este país, PP y PSOE, nunca lo harán. Otros, quizá. Pero seguir intentándolo con lo que siempre ha fallado es propio de una población cobarde y tutelada, que se mueve por pura inercia y ha rechazado toda responsabilidad sobre su propio destino. Estamos ante la hora decisiva de replantearnos nuestro marco constitucional, nuestro modelo social, instituciones y hasta símbolos comunes (a lo mejor habría que crear una nueva bandera y un himno, pues los actuales no unen a todos los españoles). Si desaprovechamos la ocasión no es que nos vaya a ir mal; es que lo que hemos entendido como “España” va a desaparecer. Porque ciertamente, sin Cataluña, España no es sostenible.